Demora de asistencia médica, robo de salarios: El costo humano de la clasificación errónea de los trabajadores.

Este informe fue traducido del inglés por Maria Uhlmann. Read this article in English.

En 2022, José Alfredo Gómez, trabajador de la construcción, afirma que se cayó desde el segundo piso de la casa en que trabajaba. Un grupo de hombres en una embarcación en un lago cercano se percató, y llamó a la ambulancia. Esto, en contra de la voluntad del encargado de la obra, quien insistió en transportarlo en una camioneta sin asientos y llena de herramientas de trabajo, menciona Gomez. La ambulancia llegó, pero las lesiones de Gómez eran tan serias, que el personal de emergencias médicas decidió que lo mejor sería transportarlo por vía aérea a un hospital en St. Paul, Minn., en donde finalmente lo atendieron; recuerda Gómez. 

Gómez, que evita mencionar el nombre de la compañía en que trabajaba cuando esto sucedió, menciona que sufrió fracturas en los dos codos, en la cadera; una herida grande en la frente, y traumatismo en el cráneo. “Imagínese, el hueso salía de la pelvis”, dice. “Tenía el hueso salido”.

Cuando se recuperaba en el hospital, dice que recibió una visita de su jefe, que le aseguró que no era necesario ponerse en contacto con abogados. Alrededor de un mes después, su jefe le ofreció un pago semanal de 200 dólares y le aconsejó que cambiara de domicilio y trabajara con otro nombre para evitar pagar las facturas médicas, según Gómez.

Entonces, menciona Gómez, llegaron las primeras cuentas de hospital que ascendían a decenas de miles de dólares, y se dio cuenta que necesitaba apoyo. Un amigo y compañero de construcción lo remitió al Centro de Trabajadores Unidos en Lucha (CTUL), un centro para trabajadores que lo informó sobre cuáles eran sus derechos y lo puso en contacto con un abogado. 

Según Gómez, este abogado le ayudó a ver que no estaba cubierto por la póliza de seguros de la empresa, a pesar de ser, a todos los efectos, un empleado. Se le privó de esta cobertura debido a un mecanismo frecuente, aunque poco conocido: negar a Gómez el derecho a la indemnización por accidente de trabajo como empleado directo, dejándole en cambio la responsabilidad de su propia asistencia, una responsabilidad que tienen los contratistas independientes. Esto equivale esencialmente a una clasificación errónea, que puede producirse intencionadamente o por desconocimiento de la ley. Sea cual sea la intención, Gómez sufrió como resultado.

La clasificación errónea de los trabajadores es la práctica de identificarlos como contratistas independientes cuando en realidad actúan como empleados de la empresa; esto, con frecuencia, para que el empleador evite pagar prestaciones a los empleados, tales como tiempo extra, impuestos y seguro, y para eludir la responsabilidad de los accidentes de trabajo. La clasificación errónea frecuentemente va aunada al robo de salarios y es particularmente común en los sectores no sindicalizados de la industria de la construcción. 

Un contratista independiente es alguien que trabaja por su cuenta y por tanto, está sujeto a pagar los impuestos por su cuenta. En contraste a un trabajador estándar, la entidad que emplea al contratista independiente no puede controlar cómo y cuándo se hace el trabajo, y sólo tiene influencia sobre el resultado del trabajo. Los trabajadores de la construcción que son empleados de una empresa, tienen derecho a cierta protección como compensación laboral en caso de accidente de trabajo, mientras que los contratistas independientes no cuentan con ese derecho, salvo que provean su propio seguro médico. Al reportar menos empleados de los que realmente tiene una empresa, las compañías ahorran en costos de seguro, o pasan el gasto al contratista si ocurre un accidente de trabajo. 

Según un informe de 2021 del Midwest Economic Policy Institute (Instituto de Política Económica del medio oeste, en español) y el Illinois Economic Policy Institute (Instituto de Política Económica de Illinois en español), alrededor de 30 100 trabajadores de la construcción en Minnesota “están clasificados erróneamente, o les pagan por debajo de la mesa (sin registrar ni contabilizar los pagos), lo que supone el 23% de la fuerza laboral”. La clasificación errónea no sólo daña a los mismos trabajadores, sino al público en general: “Minnesota pierde anualmente $136 millones de dólares de ingresos fiscales del estado, debido al fraude de la nómina de construcción”, señala el reporte.

Esto puede parecer un error administrativo, o un simple intento de reducir costos. Pero la clasificación errónea de los trabajadores puede conducir a consecuencias peligrosas, incluyendo la demora de asistencia médica en accidentes de trabajo y dificultades económicas que causan las cuentas médicas. 

Una vez que el abogado de Gómez se puso en contacto con la compañía, el empleador finalmente aceptó que Gómez, de hecho, contaba con cobertura del seguro de compensación laboral de la empresa. Sin embargo, es posible que de no haber tenido un defensor, el resultado hubiera sido diferente.  

Hoy en día, Gómez se recupera en su casa en Eagan, Minn con su esposa y sus dos hijas. Tiene clavos en los codos, cojea ligeramente, y tiene una enorme cicatriz que le atraviesa un lado de la frente. Muestra su más reciente cuenta de hospital, apuntando la línea que indica el pago de su seguro de compensación laboral que ha cubierto el exorbitante gasto. Menciona que está agradecido y aliviado, dado que una cuenta médica de esa magnitud hubiera dejado a su familia en bancarrota. 

Sin embargo, con todo y la corrección de su clasificación, se enfrenta a tremendas dificultades. El accidente le causó una carga económica significativa, obligando a su esposa a dejar su trabajo ya que Gómez requería cuidado diario y constante desde la ducha y aseo personal hasta cambiarse de ropa. Describe su condición pocos meses después del accidente, como la de “un recién nacido”. Y explica, “quiero compartir esta experiencia contigo, no con la intención de causar lástima, sino de alzar mi voz por quienes pasan por esta situación”. 

Gómez, quien ahora es miembro de la junta directiva del CTUL, menciona que hay mucho en juego en la lucha por frenar la clasificación errónea. “Quienes sufren son nuestras familias, y quisiera que este mensaje llegara a los desarrolladores inmobiliarios, que se toquen el corazón y comprendan que no sólo dañan al trabajador, sino a la familia completa”. 

Agravando los peligros 

El impacto humano salta a la vista en el juicio penal contra Nelson Israel Lopez Giron, de Giron Construction LLC, subcontratista de algunos de los desarrolladores inmobiliarios más prominentes de las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul. En la denuncia presentada por el estado de Minnesota en abril de 2023, se acusa a Giron de fraude a la compañía de seguros. El caso salió a la luz por medio de la North Central States Regional Council of Carpenters (Consejo Regional de Carpinteros de los Estados Centrales del Norte, en español), que representa cerca de 27 000 miembros sindicalizados en Minnesota, Iowa, Nebraska, North Dakota, South Dakota, y Wisconsin.

Según la demanda, en una solicitud para seguro de compensación laboral, Giron Construction, basada en Eden Prairie, Minn., reportó que la nómina de pagos a empleados era de $0, indicando que no tenía empleados estándar. No obstante, las cosas cambiaron el 6 de febrero de 2020, cuando un trabajador de la construcción citado como el testigo 1 en la demanda, presuntamente había sido severamente lesionado trabajando para Giron Construction en Minnetonka, Minn. Un clavo rebotó en una superficie y le dio al trabajador en el ojo, y los defensores del CTUL afirmaron que le causó una lesión nerviosa.

Según la demanda, el demandado no reportó el daño al seguro de compensación laboral como lo requiere la ley, “pero en su lugar, proporcionó gotas para los ojos al testigo 1”. Cuando el empleado finalmente decidió buscar tratamiento profesional, Giron, presuntamente, alentó al trabajador a mentir a los profesionales de la salud “sobre cómo había ocurrido la lesión”. El empleado, sintiéndose obligado, según la denuncia, dijo al personal del hospital que se había caído sobre hielo. Más adelante, el demandado presuntamente ofreció al empleado hacerle un pago directamente a él. Cuando el empleado solicitó cobertura del seguro de compensación laboral de la empresa, inicialmente fue denegado porque Giron presuntamente aseveró que no conocía al trabajador, afirma la demanda.

La demanda acusa a Giron de engañar a los agentes de seguros; de tergiversar el costo de la nómina; y en última instancia, de embolsarse $19 000 dólares por medio de la estrategia de clasificación errónea. Según la demanda, el testigo 1 dijo después a los investigadores que el demandado era su jefe, quien le pagaba por hora, y le proporcionaba las herramientas. Dijo también que solía haber más de 13 a 15 trabajadores en el sitio de trabajo todos los días. 

El 17 de mayo la fiscalía ofreció un trato a Giron que aún no se ha resuelto, y el caso continúa con una audiencia previa al juicio agendado para el 26 de junio. 

Aun así, se calcula que el 23% de la fuerza laboral está sujeta a la clasificación errónea, y muchos trabajadores y defensores de los derechos de los trabajadores afirman que debe haber una solución más proactiva, en lugar de sólo esperar a que algunos casos individuales sean abordados mediante el sistema legal. 

El delito del caso de Giron Construction, después de todo, no es la demora e interferencia de tratamiento médico al empleado que sufrió daño en el ojo. El delito por el que se le procesa, es fraude a la compañía de seguros. Los críticos afirman que el sistema legal no toma en cuenta el verdadero sufrimiento humano en una de las industrias más peligrosas para los trabajadores en el país. 

Amenazas e intimidación

En mayo de 2022, la organización de noticias sin fines de lucro el Minnesota Reformer, reportó que el Departamento del Trabajo de Minnesota puso en marcha una investigación en nombre de los trabajadores del Viking Lakes Project, una instalación de entrenamiento para el equipo de futbol americano de los Minnesota Vikings en Eagan, Minn., con apartamentos de lujo adyacentes a las instalaciones. Este proyecto está a cargo de MV Ventures, un desarrollador inmobiliario cuyo propietario es la billonaria familia Wilf, dueña también de los Minnesota Vikings, y que trabajó con múltiples contratistas en el proyecto. 

En octubre, el procurador general Keith Ellison, dio a conocer que su oficina presentó una demanda contra “Leo Pimentel y sus empresas, Property Maintenance & Construction LLC y Property Maintenance & Construction Inc. (PMC),” por presuntamente obstruir dicha investigación. (PMC fue una de las empresas investigadas inicialmente). “La obstrucción de PMC ha adoptado de forma activa el rol de disuadir a los trabajadores de cooperar con DLI, omitiendo mantener registros apropiados de los empleados, y rehusándose a proporcionar a DLI los registros que sí tiene, a pesar de su obligación legal de hacerlo”, afirma un comunicado de prensa de la oficina de Ellison. 

Francisco Lozano, un trabajador de la construcción, y miembro del Consejo Regional de Carpinteros de los Estados Centrales del Norte, trabajó para PMC al principios de año 2020, haciendo recubrimiento para exteriores en el proyecto de los Viking Lakes.

Lozano afirma que PMC le pagaba en efectivo, y era el encargado de pagar al equipo de trabajadores con quien trabajaba. Tenía la impresión de que él y el equipo trabajaban como empleados, hasta que uno de sus supervisores lo alentó a crear su propia empresa con documentos falsos. Aun así, Lozano afirma que no recibía el efectivo suficiente para pagar a su equipo salarios adecuados para la cantidad de horas que trabajaban, y ninguno de ellos recibió prestaciones ni remuneración de tiempo extra. Lozano afirma que después de confrontarlo, el supervisor le dijo que él no entendía cómo funcionaban las cosas y que no se entrometiera. 

Lozano dejó de trabajar para PMC a principios de 2021, y decidió trabajar en otros proyectos. Poco después, afirma, recibió una amenaza de su supervisor por medio de un mensaje de texto. Además, el supervisor, presuntamente le dijo que propagaría el rumor de que era un mal trabajador y que había robado herramientas de la empresa, a fin de que no encontrara trabajo en la industria de la construcción, amenazando su medio de subsistencia. Lozano afirma que también recibió amenazas por teléfono de su jefe y la familia de éste, quienes lo amenazaron si alguna vez hablara con el Departamento del Trabajo o el Servicio Interno de Impuestos. Un organizador del Consejo Regional confirmó a Workday Magazine que fue testigo de tal llamada telefónica. La preocupación fundamental de Lozano se suma a las de otros trabajadores de la industria de la construcción que decidieron denunciar las acusaciones de amenazas e intimidación de que fueron objeto por parte de la empresa. 

PMC no respondió a una detallada petición de comentario, pero en el pasado ha negado tales acusaciones.

Lozano afirma que la experiencia lo dejó con sentimientos de impotencia y dio lugar a años en los que fue incapaz de proveer para sus hijos en la manera que hubiera querido, en medio del estrés, las amenazas, y la posible violencia si denunciaba. 

Lozano afirma que no denunció a la compañía durante un año y medio por temor a represalias contra él, su esposa, y sus dos hijos. Sin embargo, en 2022, decidió hablar con representantes del Consejo Regional. En una entrevista para Workday Magazine, describió la conversación como causante de un efecto dominó; se dio cuenta que estaba en la misma situación que otros 40 trabajadores del proyecto Viking Lakes, quienes habían sido empleados por PMC y otras empresas, y que denunciaban historias similares de amenazas, robo de salario, clasificación errónea, e incluso, en el caso de Absolute Drywall, acusaciones de violación y acoso sexual.  No obstante, Lozano afirma que cuenta con muchos amigos trabajadores de la construcción que han enfrentado amenazas similares, y hasta hoy, se rehúsan a denunciar sus historias por temor a represalias. 

La experiencia de Lozano es algo común para los trabajadores de la construcción que no están sindicalizados, donde la clasificación errónea puede ser la precursora del abuso a los derechos de otros trabajadores. A simple vista, la clasificación errónea de los trabajadores puede parecer un delito sin víctimas. Sin embargo, sus graves repercusiones de robo de salarios, demora de asistencia médica, y el uso de amenazas e intimidación para mantener la sumisión causan verdadero sufrimiento. 

Mientras que hubo varios subcontratistas enfrentando medidas legales que resultaron del proyecto Viking Lakes, incluyendo PMC y Absolute Drywall, la gravedad y magnitud del caso ponen en cuestión la estructura de rendición de cuentas del desarrollador, MV Ventures y otros desarrolladores inmobiliarios en lo alto de la cadena de este tipo de proyectos. 

Exigir rendición de cuentas a los de arriba. 

Entre las varias leyes de protección laboral aprobadas en la sesión legislativa de 2023 de Minnesota, hay un proyecto de ley que sujeta a los contratistas a “cargos civiles” por robo de salarios a los subcontratistas que emplean en el sitio de trabajo. Esta legislación, de nombre Construction Worker Wage Protection Act (HF1859; o Ley de Protección Salarial de los Trabajadores de la Construcción en español), podría incurrir en un cambio en la estructura de gestión y rendición de cuentas, para impedir que los desarrolladores trabajen con contratistas con antecedentes de violación a los derechos de los trabajadores como la clasificación errónea y el robo de salarios. 

Este proyecto de ley se enfrenta a una oposición significativa por parte de los contratistas y sus asociaciones, y los desarrolladores han dado a entender que podrían recurrir a la acción legal en su contra. Pero leyes similares a través de la nación desde Nueva York hasta California y Virginia, han resistido los ataques. 

La clasificación errónea es una de las razones por las que el robo de salarios es tan común en la industria de la construcción no sindicalizada. Aunque Minnesota ya tiene uno de los proyectos de ley para la protección de salarios más fuerte de la nación, los defensores de los derechos de los trabajadores afirman que el proyecto de ley no se impone lo suficiente, no está al nivel de la magnitud del problema, y no responsabiliza a los poderosos de la industria, específicamente a los desarrolladores inmobiliarios y a los contratistas. 

En un resumen de la sesión legislativa de Minnesota, el Consejo Regional llamó al proyecto de ley “una extensión de nuestro trabajo para impedir que los desarrolladores empleen a contratistas sin escrúpulos”. 

Merle Payne, codirector del CTUL, elogia la legislación y la describe como un paso adelante para combatir el robo de salarios en la industria. Pero, dice Payne, la legislación puede avanzar más si se responsabiliza a los desarrolladores, en lugar de sólo al contratista. “Los desarrolladores deciden cuánto dinero será destinado a los proyectos de construcción”, dice Payne, sin embargo, con frecuencia están amparados de cualquier responsabilidad. “Hasta que esto cambie, no veremos el fin del robo de salarios en la industria”.

A nivel general, una reciente decisión del National Labor Relations Board, y una propuesta de norma del Departamento de Trabajo, podría terminar protegiendo a más trabajadores de la clasificación errónea.

El CTUL, mientras tanto, trabaja en crear una solución local, encabezada por los mismos trabajadores. La organización ejerce todo su peso tras una propuesta diferente llamada La construcción de la dignidad y el respeto (BDC por sus siglas en inglés), que fue desarrollada conjuntamente con Worker-Driven Social Responsibility Network (Red de Responsabilidad Social Dirigida por Trabajadores en español) y avalada por el Consejo Regional. Este modelo permite a los desarrolladores estipular un código de conducta que incluya contratistas, subcontratistas, y mecanismos de acatamiento encabezados por los trabajadores. Tales mecanismos incluyen: supervisión, asistencia, y apoyo para ayudar a los contratistas a cumplir las normas, y tomar medidas si no lo hacen. Este modelo de justicia social impulsada por los trabajadores, ha sido implementada exitosamente en otras industrias y lugares, por ejemplo, los trabajadores agrícolas en Immokalee, Fla.

Los defensores de los derechos de los trabajadores afirman que el programa BDC está “designado para alentar y respaldar trabajos justos y dignos, caracterizados por el respeto mutuo, la comunicación abierta, y la resolución eficiente de conflictos”. También esperan que esto ayude a resolver el problema de la clasificación errónea. 

La industria de la construcción no es la única que enfrenta problemas de clasificación errónea y el daño colateral que esto conlleva. Según un informe publicado por The Economic Policy Institute (Instituto de Política Económica en español) en 2023, otras industrias con un alto índice de clasificación errónea, incluyen empresas de jardinería, transportistas, asistentes de salud en el hogar, conserjes/personal de mantenimiento, y empleados de salones de belleza. El informe señala que un trabajador de la construcción típico que ha sido clasificado erróneamente como contratista independiente, perdería hasta $16 729 dólares al año de ingreso y prestaciones comparado con lo que habría ganado como empleado estándar. 

La clasificación errónea de los trabajadores como contratistas independientes, no sólo perjudica a los trabajadores y a sus familias, sino que también crea un déficit masivo en la recaudación de impuestos estatales y federales. En un informe del Proyecto Nacional de Empleo (NELP por sus siglas en inglés) en 2020, los investigadores determinaron que si “los informes del estado muestran que entre el 10 y el 30% de los empleadores o más, clasifican erróneamente a sus empleados como contratistas independientes”, ello contribuiría a que el gobierno estatal y federal perdiera miles de millones de dólares en ingresos anuales”.

Gómez señala que el programa BDC garantizaría que la cadena de mando se haga responsable de los trabajadores: “Toda la línea de contratistas tiene la misma responsabilidad de responderle al trabajador, porque el trabajador genera ganancias para todos”. 

“Se tiene que cuidar la mano trabajadora, porque es de ahí de donde viene todo”. 

Este artículo se actualizó el 21 de agosto para corregir detalles sobre la historia personal de José Alfredo Gómez. 

Isabela is the Senior Associate Editor for Workday Magazine.