Estados Unidos presiona a nuevo gobierno de izquierda en Honduras

Este artículo es una publicación conjunta de “The American Prospect” y “Workday Magazine”, una casa de redacción sin fines de lucro dedicada a responsabilizar a los poderosos desde la perspectiva de los trabajadores.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió el cargo en enero, prometió durante la campaña electoral abolir las zonas económicas especiales conocidas como ZEDE (“Zonas de Desarrollo Económico y Empleo”) donde los inversionistas privados tienen un poder desmesurado para dar forma a las leyes laborales, los sistemas judiciales, y entidades de gobierno en esas zonas. Estas zonas han obtenido una gran oposición en Honduras porque socavan los principios básicos de la democracia.

En abril, esta promesa de la presidenta logró una gran victoria cuando el Congreso de Honduras votó por unanimidad derogar la ley que permite las ZEDE y abolir las ya existentes, aunque esto último debe ser ratificado el año que entra. Pero las fuerzas que quieren mantener las ZEDE en funcionamiento están tomando represalias y han encontrado aliados en la sede del Capitolio en EEUU. 

A principios de este mes, los senadores Bill Hagerty (R-TN) y Ben Cardin (D-MD) pidieron al secretario de Estado de los EEUU, Anthony Blinken, que actuará contra el gobierno de Honduras por tomar esas medidas para deshacerse de las ZEDE. Al hacerlo, los senadores citan los resultados que al respecto ofrece un centro de investigaciones muy influyente, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la cual recibe apoyo económico directo de una empresa con sede en los EEUU que a la vez invierte en una de esas ZEDE.

Los senadores no son los primeros actores federales en increpar al gobierno hondureño. En julio, el Departamento de Estado emitió su propia condena a la decisión de Castro de eliminar las ZEDE e insinuó que aquel gobierno podría estar violando dos acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR) y una inversión bilateral entre Estados Unidos y Honduras, conocida como el tratado (TBI). “El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho comercial” afirma la declaración sobre el “clima de inversión” del Departamento de Estado.

Esto ocurre a pesar de las ofrecimientos de cooperación hechas por la administración del presidente Biden a la nueva presidente de izquierda hondureña, después de que los Estados Unidos hubieran apoyado durante muchos años a los líderes de la derecha en aquel país y el aparente respaldo que este país dió al golpe de estado en 2009.

Pero los senadores Hagerty y Cardin le han pedido al Departamento de Estado que vaya todavía más allá. En su carta del 13 de octubre dicen que el Departamento de Estado debe presionar al gobierno hondureño para que respete las ZEDE y para que aliente la realización de “consultas y negociaciones de buena fe con inversionistas estadounidenses que invierten en ZEDE”. Y advierten que están considerando añadir cambios legislativos a una ley existente que “abordaría cualquier amenaza de expropiación o acciones del gobierno hondureño en relación con las inversiones estadounidenses”. En 1962, en respuesta a la nacionalización de empresas de propiedad estadounidense por parte de Cuba, la Enmienda Hickenlooper (llamada así por el senador Bourke Hickenlooper, un republicano de Iowa, no el actual senador demócrata de Colorado John Hickenlooper) impone un alto a toda ayuda estadounidense a los países que nacionalicen propiedades estadounidenses sin compensación.

Los senadores, que pertenecen al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, citan extensamente un comentario reciente del Dr. Ryan C. Berg y el Dr. Evan Ellis publicado por CSIS. El comentario afirma que las ZEDE “pueden servir como un acelerador de “nearshoring” (frontera cercana) y friendshoring” (frontera amiga) porque “contribuyen a un mayor estado de derecho”, lo que atraerá más inversión del sector privado, producirá estabilidad política en el país y fortalecerá los lazos. entre Honduras y los EE.UU., lo cual frenaría las inversiones de la República Popular China.

Los críticos dicen que la realidad de las ZEDE es muy diferente. La ley del 2013 que estableció las ZEDE les dio a los inversionistas muy amplia libertad para diseñar regulaciones y sistemas legales locales, otorgándoles “autonomía funcional y administrativa sobre los poderes del Estado” a pesar de algunas limitaciones. Las ZEDE son una versión más extrema de las “zonas económicas especiales” que se caracterizan por tener regulaciones laborales y comerciales diferentes a las del país que las alberga con el fin de atraer inversiones. Desde México hasta Camboya estas zonas han sido muy criticadas por relajar las protecciones laborales y las regulaciones ambientales.

Carlos H. Reyes, líder sindical de larga trayectoria en Honduras y presidente del Sindicato de la Industria de Bebidas y Afines (STIBYS), dijo a Workday Magazine y al Prospect a través de un traductor: “En las ZEDE no se aplicará el código laboral hondureño y tampoco los acuerdos internacionales hondureños con la Organización Internacional del Trabajo. Los conflictos laborales se resolverán dentro de las estructuras de las ZEDE y no en los tribunales hondureños. Son un estado dentro de otro estado”.

CSIS se autodenomina “una organización sin fines de lucro y bipartidista, de investigación de políticas, dedicada a promover ideas prácticas para abordar los mayores desafíos del mundo”. Sin embargo, hay indicios de que puede no ser un observador completamente neutral.

Según sus propias declaraciones, el CSIS ha recibido apoyo directo de la estadounidense NeWay Capital LLC, inversionista en Honduras Próspera, Inc., la empresa con sede en Delaware que opera una ZEDE en la isla hondureña de Roatán. “NeWay Capital LLC” es una filial de Honduras Próspera Inc. con una participación minoritaria pero significativa en esa corporación”, dijo un portavoz de Honduras Próspera, Inc. a Workday Magazine y The Prospect. Erick A. Brimen, director ejecutivo y presidente del consejo de directores de Honduras Próspera, Inc., según el sitio web de la empresa, también figura como director ejecutivo y presidente del consejo de directores en el sitio web de NeWay Capital.

CSIS acepta que recibe fondos directamente de NeWay Capital LLC. En su canal de YouTube, CSIS presenta un video, fechado el 17 de agosto, en el que Berg analiza el ambicioso modelo de ZEDE de Roatán operada por Honduras Próspera, Inc y promociona los empleos creados por esa ZEDE,. Berg argumenta que, en lugar de su eliminación, el gobierno de Honduras debería trabajar con los operadores de ZEDE para “identificar reformas razonables”. La descripción del video dice: “Este proyecto fue posible gracias al apoyo de NeWay Capital LLC”.

El 16 de mayo, Berg organizó un panel de discusión titulado “¿Qué se avecina para las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en Honduras?” cuyos panelistas incluyeron a Welby Leaman, director principal de asuntos gubernamentales globales de Walmart. Los puntos de Berg son un reflejo de los que se hacen en el video del 17 de agosto. La descripción del evento en el sitio web de CSIS dice: “Este evento fue posible gracias al generoso apoyo de NeWay Capital LLC”. Esta es una construcción de frases típica que se escucha cuando a alguien le han otorgado una subvención.

Un informe de Berg y Matthew Carusi publicado la semana pasada, titulado “Motores de prosperidad: la promesa de las ZEDE en Honduras”, también dice que “fue posible gracias al generoso apoyo de NeWay Capital LLC”, e incluso contiene una foto de un trabajador hondureño, dándole crédito por la foto al mismo Neway Capital LLC.

CSIS no nos ha respondido a una solicitud de comentarios. El sitio web de este centro de investigaciones afirma que el 30 por ciento de sus ingresos operativos proviene de “Subvenciones y Contribuciones Corporativas”.

“Es realmente preocupante ver que senadores estadounidenses se basen en información de un centro de investigaciones que recibe dinero de los que están detrás del proyecto Próspera para defender los intereses del mismo Próspera e interferir en las políticas internas de Honduras en donde las ZEDE han sido declaradas inconstitucionales”, dijo a Workday Magazine y Prospect, Victoria Cervantes co-coordinadora de la red Honduras Solidarity Network con sede en los Estados Unidos y Canadá. (Nota: Si bien el nombre oficial de la empresa es Honduras Próspera, Inc., la empresa y la ZEDE que opera se denominan en general: Próspera).

Un vocero del Senador Cardin le dijo a Workday Magazine y al Prospect que “el Senador Cardin no tiene ninguna relación con Próspera, la cual dirige una de las ZEDE en Honduras”. El portavoz después recomendó que nos comunicáramos con la oficina del senador Hagerty que fue quien “redactó la carta”. Esa oficina no respondió a nuestra solicitud de comentarios.

Cuando se le preguntó si la empresa había estado en contacto con los senadores o el Departamento de Estado sobre la política de las ZEDE, Trey Goff, secretario del consejo directivo de Honduras Próspera, Inc., respondió: “Nosotros hablamos con audiencias de todo el mundo para compartir nuestra visión de cómo Próspera puede empoderar a Honduras y fortalecer la libertad y las oportunidades en toda la región. Estamos complacidos de recibir el apoyo de personas con una amplia gama de puntos de vista”.

No todos en el Congreso (Estadounidense) se hacen eco del mensaje de los senadores. “Cuando visité Honduras con mis colegas en marzo, escuchamos directamente de la presidenta Castro sobre su agenda anticorrupción y sus esfuerzos para hacer retroceder las políticas de la dictadura posterior al golpe”, dijo la representante Ilhan Omar (D-MN) a Workday Magazine y Prospect por correo electrónico. “También escuchamos directamente de comunidades indígenas que han sido hostigadas, desplazadas y en el peor de los casos desaparecidas y asesinadas por su oposición a las ZEDE y otros proyectos similares. La presidenta Castro no solo tiene el derecho sino la obligación de defender a esas comunidades y Estados Unidos debe apoyar sus esfuerzos”.

Una declaración de Honduras Próspera, Inc. publicada ocho días antes de la carta de los senadores tiene sorprendentes similitudes con la carta de Cardin-Hagerty incluyendo repetidamente una referencia a lo que Honduras Próspera Inc. considera que es una garantía de estabilidad jurídica de 50 años del gobierno de Honduras, eso es proteger la inversión. Los senadores argumentan que cualquier violación a este acuerdo de estabilidad jurídica violaría las disposiciones del CAFTA-DR, incluyendo la disposición que garantiza “un trato justo y equitativo con plena protección y seguridad”.

Pero según Melinda St. Louis directora de Global Trade Watch de Public Citizen, una organización que vigila asuntos de comercio global, “es bastante irónico que los inversionistas de las ZEDE ahora reclamen el derecho a mantener un ‘acuerdo de estabilidad legal de 50 años’ cuando a las propias ZEDE se les ha otorgado la capacidad de operar fuera de los procesos legales y judiciales hondureños, socavando así la estabilidad jurídica de los ciudadanos hondureños”.

“Sería escandaloso”, continuó St. Louis, “que el gobierno de los EE. UU. se ponga del lado del creativo argumento legal de las grandes corporaciones multinacionales de que la decisión del gobierno de poner fin a los muy controvertidos derechos extremos de los inversores es una violación del ya excesivamente expansivo ‘estándar del trato justo y equitativo’ que se menciona en el CAFTA-DR”.

Mientras tanto, hay indicios de que otros funcionarios estadounidenses también se están reuniendo con los operadores de ZEDE. El 29 de septiembre, la embajada de Estados Unidos en Honduras tuiteó que su subjefe de misión, Roy Perrin, “se reunió hoy con Honduras Próspera para hablar sobre el clima de inversión en Honduras, las garantías legales que permitirán que esas empresas generen empleos y cómo el desarrollo sostenible puede crear oportunidades económicas para todos los hondureños”.

Esto motivó una dura reprimenda del canciller hondureño, Enrique Reina: “Generar empleos e inversiones es importante, pero dentro de un marco legal claro. Las ZEDE son la aberración jurídica más grande que surgió de un narcoestado que llegó al poder a través del fraude”.

Según Goff de Próspera, los trabajadores de las ZEDE tienen “derecho a formar sindicatos con la misma facilidad con que los empresarios pueden formar sociedades anónimas, y el derecho a ser dueños, como propiedad personal, de un fondo de beneficios laborales financiados por los empleadores, que son transferibles de empleador a empleador y pueden utilizarse para una amplia gama de las prestaciones sociales.” Goff dijo que en la ZEDE, los trabajadores ganan por encima del salario mínimo hondureño, pero Workday Magazine y Prospect no pudieron verificar de forma independiente esta afirmación.

Al ser solicitada la verificación, la empresa señaló el estatuto laboral de la ZEDE. Pero las reglas laborales en papel no son evidencia de salarios pagados.

Los defensores y los expertos dicen que es una mala política simplemente confiar en que una empresa vaya a otorgar derechos a perpetuidad voluntariamente.

Según Cervantes, “Próspera puede prometer todo tipo de cosas, pero tal como el modelo económico de las ZEDE le otorga al ente rector de Próspera poder sobre todas las leyes civiles de su territorio, Próspera puede a su vez dar y quitar salarios, prestaciones, condiciones de trabajo y limitar el ejercicio del derecho de sindicalización o huelga, dejando a los trabajadores sin garantías”.

Beth Geglia, una antropóloga que ha estudiado las ZEDE desde 2014, dijo a Workday Magazine y Prospect: “Se trata en gran medida para poder experimentar con nuevos sistemas legales, con sistemas regulatorios muy flexibles y de este tipo de gobierno privatizado”.

En una entrevista de podcast de septiembre de 2020, Brimen defendió la ZEDE operada por Honduras Próspera, Inc., en la isla de Roatán, la cual usa Bitcoin como moneda, por ser una “ciudad chárter” y proclama: “Ahora, lo que es único en nuestro caso es que no es solo un nuevo proyecto a escala de ciudad. Es un sistema legal completamente nuevo”. El director ejecutivo de la Fundación Ciudades Libres, quien también ha invertido en las ZEDE dijo en una entrevista de 2019 que el gobierno privado de las ZEDE se reserva “el derecho de no aceptar a delincuentes peligrosos, ni a comunistas o islamistas”, como lo señalaron Brett Heinz y Geglia para el Centro de Investigación Económica y Política, un grupo de investigadores con inclinación hacia la izquierda.

El concepto de una ciudad chárter fue iniciado por el economista Paul Romer, quien escribió sobre este modelo en 2010: “Un país anfitrión proporcionará la tierra; un país de origen proporciona residentes; y un país garante brindaría la seguridad de que la carta de la nueva ciudad se respetaría y se haría cumplir”. (Romer ha argumentado que no es colonialismo porque el “elegir” está incluido).

Algunos líderes de la compañía son activos en los círculos de las ciudades chárter. Goff fue uno de los presentadores destacados en la conferencia “La libertad en nuestra vida” que se llevó a cabo del 21 al 23 de octubre en Praga. Esa conferencia está organizada por la Free Cities Foundation (Fundación de Ciudades Libres), que dice que “trabaja con pequeños territorios que están adoptando políticas orientadas a la libertad para dar a los ciudadanos más opciones en las reglas que rigen sus vidas”.

La empresa también tiene al menos un funcionario de alto rango afiliado al partido republicano. Joel Bomgar, presidente de Honduras Próspera, Inc., también es representante estatal republicano en la legislatura de Mississippi. En enero, fue uno de los cinco representantes de esta Cámara que votaron en contra de un proyecto de ley que protege la equidad salarial de género, con 111 representantes de ambos partidos de la Cámara votando a favor. Y en marzo, fue uno de solo cuatro representantes en la Cámara que votaron en contra de un aumento salarial para los maestros de Mississippi (niveles K-12) con 118 representantes de ambos partidos de la Cámara votando a favor.

Honduras Próspera, Inc., se negó a proporcionar una lista completa de sus inversionistas y Goff declaró: “Algunos inversionistas prefieren permanecer por detrás de la escena”. Cuando se le preguntó si la compañía tiene inclinaciones de la tendencia política libertaria, Goff dijo: “Nuestros patrocinadores desafían la categorización fácil porque trabajamos arduamente para identificar las mejores ideas de buena fe en función de lo que realmente funciona, independientemente de la ideología y eso crea algunas alianzas inusuales. Tenemos patrocinadores de izquierda, derecha y centro, así como patrocinadores apolíticos, pero todos creen que Próspera está ayudando a empoderar a los hondureños y a construir un futuro de prosperidad y oportunidades”.

Pero algunos residentes dicen que no se sienten empoderados. La creación de la ZEDE operada por Honduras Próspera, Inc., en Roatán provocó protestas de los residentes de un pueblo de pescadores cercano, Crawfish Rock, quienes dicen que no sabían cuáles serían todas las implicaciones del proyecto. Mientras tanto, como lo señalan Heinz y Geglia, incluso el Departamento de Estado reconoció que las ZEDE “eran ampliamente impopulares, aun entre gran parte del sector privado y son vistas como un vector de corrupción”, en el mismo documento donde critican el intento de Castro de eliminar la zonas.

Según Cervantes, “El pueblo hondureño y su movimiento obrero, las organizaciones indígenas, las organizaciones campesinas, su Congreso Nacional y su presidente recientemente electa por una amplísima mayoría, han dejado muy claro que no quieren el Proyecto ZEDE en su país.”

“No creen en las promesas”, agregó y “no están dispuestos a aceptar ninguna restricción a su soberanía nacional y control sobre su propio territorio”.

Joshua Mei contribuyó con la investigación de este artículo.

Sarah is the Editor for Workday Magazine.